¿Es posible un Gasto Público eficaz y eficiente?

Siguiendo con el tema de la crisis en la que estamos inmersos y el papel que está jugando el Gasto Público en la resolución de la misma, me gustaría hacer hoy una breve reflexión sobre las Políticas de Ayudas y más en concreto sobre las ayudas para promover e impulsar el proceso innovador en nuestra sociedad, ya que no olvidemos, que el resorte que hoy empuja a las economías más avanzadas del mundo es la innovación y ese argumento de competitividad todavía tiene que hacerlo suyo el tejido productivo y la sociedad española. La Unión Europa se ha autoimpuesto unos deberes muy concretos plasmados en la Agenda de Lisboa: llegar al 3% del PIB en inversión en I+D. Mientras, el esfuerzo tecnológico nacional no llega al 1,3% y el comunitario se acerca al 2%, todavía lejos del anhelado 3% de la Agenda de Lisboa e incluso del 2% del programa Ingenio 2010 del Gobierno español. Un déficit que viene provocado fundamentalmente por el escaso protagonismo del tejido productivo en la inversión en investigación. Por otro lado, el papel atribuido a la Innovación, y complementariamente a los procesos que la estimulan –Creatividad, Investigación, Desarrollo…-, parte de la confianza en que la Innovación sea el motor del espacio europeo, permitiendo a los países de la UE obtener las mejores ventajas competitivas de lo que se entiende es uno de sus recursos básicos: el conocimiento. La Innovación por tanto se convierte en el lugar nuclear de las estrategias de impulso de las economías occidentales. En este contexto, y con unos propósitos firmes de hacer de la Innovación la herramienta de consolidación de la base económica europea del futuro, creo que las Políticas de incentivo a la Innovación deben centrarse en los siguientes aspectos:

1. Promover la innovación en tanto que activación de los comportamientos competitivos de un conjunto de empresas en una dirección determinada, más allá de la promoción del comportamiento innovador individual. Es lo que anima la política de "cluster", donde la cooperación horizontal y vertical entre empresas de un campo de actividad común es adoptada como objeto de las políticas de incentivo y fomento.
   
2. Remodelar y reformar cuantos agentes, procesos y pautas intervienen en la transferencia de conocimientos entre los sistemas I+D y las empresas, para acentuar la fluidez y eficiencia de esa transferencia, en especial mediante el estímulo de Centros Tecnológicos y similares, en el entorno de las empresas, sobre la base de la propia implicación de las empresas en su nacimiento, orientación y gestión. Un Centro tecnológico alejado de las empresas (como ocurre en muchos casos) no deja de ser una infraestructura más que medir en términos de coste y no de inversión.
   
3. Promover nuevas formas de llevar a cabo la investigación, tales como promover la realización de la misma desde grandes centros de I+D (programas para el apoyo a los grandes equipamientos de I+D –casos de Finlandia por ejemplo, o en cierto modo lo que propone en España el programa Consolider-), potenciar unos recursos humanos en formación permanente y con fuerte movilidad espacial, etc.
   
4. Mejorar sustancialmente los modos de adquisición del conocimiento, tanto mediante la reforma en profundidad de los estudios universitarios, como a través de la extensión de la formación a lo largo de la vida (long-life learning), camino en que aún deben hacerse avances muy importantes. Y sin una fuerte autocrítica desde dentro del sistema (que no existe en la actualidad), esto no ocurrirá.
   
5. Favorecer cuanto estimule la apertura de las empresas a operar en los mercados internacionales y a la cooperación con los nuevos países emergentes, en especial en Asia.
   

Todo ello implica un importante reto para nuestras administraciones (nacional, autonómica y, en menor escala, local), que deben adaptarse a las exigencias de este "nuevo" entorno competitivo. Pero no olvidemos que la innovación es uno de los atributos diferenciales de las sociedades más avanzadas, y por tanto constituye nuestro reto más exigente. Un reto que debemos asumir desde toda la sociedad, no sólo desde sus instancias representativas, sino también desde las instituciones, las empresas y los propios ciudadanos. Solo así conseguiremos que ek gasto público genere riqueza, empleo y, en definitiva, contribuya a sacarnos de la situación actual de crisis.