Cuando lo publico fagocita lo privado

En los ultimos tiempos es habitual escuchar hablar de la necesidad de reducir el gasto público, como una de las medidas primordiales para salir de la situación de crisis en la que nos encontramos. Y, lógicamente, cuando se habla de gasto público, se hace referencia a todo aquello que tiene que ver con la Administración, incluyendo organismos autónomos, empresas públicas, agencias públicas, etc., etc., etc. En esta línea ya se ha empezado a hablar de que las administraciones (y el sector público en general) deben empezar a "cobrar" por prestar sus servicios y, de esta manera, hacer al destinatario de los mismos partícipe, al menos en parte, del coste de los mismos.

Debo decir que esto está muy bien, y que esta es la línea que debe seguirse, sobre todo si queremos sobrevivir al previsible "tsunami" que nos viene encima a partir del 2014, cuando los fondos europeos destinados a España se recortarán drásticamente. Pero hay otro debate que aun no se ha abierto, y que se refiere hasta dónde debe llegar el sector público. Porque en los "últimos" tiempos (y lo pongo entre comillas, porque ya llevamos tiempo en esa situación) se viene observando como el sector público se mantiene en determinadas áreas de actividad a costa de hacer la competencia al sector privado. Competencia "desleal" en muchos casos, ya que los recursos con los que cuenta la Administración (y los precios que pueden fijar) son mucho más competitivis que los del sector privado. Vale que en servicios básicos o en determinadas circunstancias socio-económicas, puede estar justificado esto, pero no siempre es así. Y os pongo varios ejemplos:

- Cesión de espacio (e incluso naves industriales) gratuito por parte de los Ayuntamientos para la instalación de empresas, durante largos periodos de tiempo (que superan con creces los 2 primeros años que podriamos considerar de "incubación" de la empresa). Y mientras, naves industriales (de iniciativa privada) vacías y empresas inmobiliarias cerrando....

- Prestación de servicios de "consultoría" por entidades que no pertenecen a este sector de actividad (y que por tanto, no cuentan con conocimiento especializado). Un claro ejemplo de ello son los Centros Tecnológicos (muchos de los cuales, una vez que han dejado de contar con financiación pública y tienen que cobrar por sus servicios, están reduciendo su dimensión e incluso previsiblemente cerraran).

- Entidades públicas (normalmente empresas pública, fundaciones o agencias públicas empresariales) subcontratadas por la Administración (a veces incluso mediante la fórmula de concurso) para la realización de trabajos que, a su vez, subcontratan con terceros, lo que genera unos costes de intermediación innecesarios.

Podía seguir, aunque seguro que muchos de vosotros ya tenéis en la cabeza otros casos similares.

¿Y qué supone todo esto? Pues aparte del coste que supone mantener estructuras cuya única finalidad es la obtener financiación para justificar su funcionamiento (cuando la justificación tiene que venir por la prestación de un servicio público que la iniciativa privada no puede asumir) y que, además, resultan mucho más ineficientes, costosas y, por tanto, menos competitivas. Y ahí está el quid de la cuestión: la competitividad. Porque si el sector público "fagocita" al privado y le impide crecer aquí, dificilmente ganaremos "músculo" para competir fuera. Este es uno de los círculos viciosos que tenemos que romper. Y si no lo hacemos, seguiremos escribiendo, hablando y lamentándonos de la crisis...

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